Sunday, June 03, 2007

Expecial de la revuelta estudiantil: "Fiscalia y Represion" articulo de opinion de Marino Alvarado, coordinador de Provea (Venezuela)

FISCALIA Y REPRESION

La Fiscalía General de la República se ha convertido en un instrumento político para la criminalización de la protesta y la represión. Los hechos así lo evidencian. Cada vez más venezolanos y venezolanas son sometidos a procesos judiciales penales por su participación en protestas. Se les juzga recurriendo a los artículos 357, 286 y 296 del Código Penal que establecen como delito el cierre de vías siempre que se tenga el propósito de causar un siniestro, sanciona el agavillamiento o participación de varias personas en un delito y castiga el porte de sustancias explosivas e incendiarias. Igualmente se usa el artículo 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación , acusando a quienes protestan de organizar bandas armadas, coacción al trabajo e instigación a delinquir cuando las luchas sociales se desarrollan en las llamadas zonas de seguridad y afectan industrias básicas, servicios públicos o la economía del país.

En tiempos de la denominada Quinta República , con numerosos dirigentes políticos en el alto gobierno y los poderes públicos que hicieron carrera promoviendo protestas, cerrando vías, estimulando huelgas, llamando a la población a tomar la calle contra las injusticias y para exigir los derechos, se recurre a la fuerza pública, y a las instituciones de administración de justicia para juzgar a quienes levantan su voz para exigir derechos.

¿Puede tener la intención de causar un siniestro los habitantes de un barrio que cierran una vía para llamar la atención porque les prometieron una vivienda que no se construye o reclaman que arreglen una vía o mejoren el servicio de agua? ¿Tienen el propósito de causar un siniestro estudiantes desarmados que con sus manos en alto luchan por la libertad de expresión? La actual dirigencia política, que habla de democracia participativa, que convoca al pueblo a organizarse, se encarga de castigar a quienes de manera colectiva se organizan para defender un derecho y esa actuación le denominan “agavillamiento”.

¿Cómo entender a esos luchadores sociales y estudiantiles que en pasado reivindicaron la protesta y hoy la criminalizan? ¿Cómo entender a un Fiscal General que en Aragua hizo carrera profesional como abogado asesorando sindicatos y reclamando la libertad de estudiantes presos y hoy planifica y materializa el juzgamiento de quienes protestan?.

¿Cómo entender a líderes que hablan de los derechos del niño y del adolescente, convocando a los jóvenes a ser participativos, y hoy los encarcelan o se hacen cómplices de la represión? ¿Cómo entender una defensoría del Pueblo que tienes la misión de velar por los derechos humanos de todas las personas y calla frente a la criminalización de la protesta? Se enmudece frente a la aplicación del Código Penal a hombres y mujeres que exigen derechos sociales y políticos contemplados en la Constitución.

¿Cómo entender a antiguos compañeros que vienen de ser activos defensores de los derechos humanos y hoy ocupan altos cargos en el Estado que avalan, aplauden y hasta dirigen la represión a los estudiantes y los pobladores que enfrentan la ineficacia de las instituciones y el abuso del poder?.

Quienes hoy ocupan altos cargos en los poderes públicos recurren a los viejos argumentos de los gobernantes del pasado que veían en cada protesta un plan conspirativo. La diferencia está en que en el pasado, salvo excepciones, quienes eran detenidos por protestar lo liberaban a las pocas horas. Ahora, se juzga y se restringe su libertad por varios años. La Fiscalía es hoy la punta de lanza para acallar el descontento.

Marino Alvarado
Coordinador General de Provea
www.derechos.org.ve

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