El caso RCTV y la ficción democratizadora de la comunicación en VenezuelaDesde hace dos décadas, a través de nuestras publicaciones, los anarquistas venezolanos hemos denunciado y adversado los vicios y sesgos de las empresas comunicacionales privadas como RCTV. Esta compañía televisiva había garantizado su éxito económico combinando canallescas prácticas oligopólicas, lazos ventajistas con el poder estatal de turno y la emisión de contenidos-basura bajo pretexto de “servir lo que la audiencia quiere”. Sin embargo, los males que ciertamente representaba esa empresa, son ahora excusa para que se imponga una salida que termina siendo repetición y multiplicación de los mismos vicios. En la Venezuela del 2007 lo ruin de una parte del oligopolio privado se pretende subsanar con lo pésimo del monopolio estatal, acrecentando el ventajismo gubernamental sin paralelo, y justificando la teledifusión de bazofia siempre y cuando sea “roja, rojita”. En términos concretos: salimos de Miguel Ángel Rodríguez para quedarnos con el loado Mario Silva, conductor del paradigma periodístico de la V República.
La historia de la televisión venezolana enseña que los propietarios privados de los medios nunca han reconocido a plenitud el derecho a la libertad de expresión, particularmente si ello afecta sus beneficios económicos y su privilegiada posición política y cultural. Pero tampoco el Estado -sea antes o después de 1999- ha hecho en torno a este asunto nada distinto a concebir el medio televisivo como ámbito para el ejercicio y la defensa de sus intereses de poder. Por tanto, lo poco que se ha podido construir como espacio para la libre divulgación y confrontación de ideas en la TV ha sido muy débil, pues quienes tenían la sartén por el mango se han cuidado de que sea así.
Como si lo anterior no bastase, en la pugna desatada tras el ascenso de Chávez a la Presidencia por el control del aparato estatal y el consiguiente acceso privilegiado a la renta petrolera, las facciones gubernamental y oposicionista han competido a la par en lo que se trata de uso oportunista y tendencioso de los medios de difusión masiva, pues para ambos éste ha sido un campo de batalla donde reconocer derecho a la libre expresión es ceder espacio al enemigo, dentro de esa perversa lógica de polarización que hemos padecido en los últimos tiempos, en donde quienes disentimos y criticamos frente a los contendientes por el poder hemos sido igualmente aborrecidos y excluídos por ambos.
Pero, pese a todas las matizaciones y advertencias que caben en el caso venezolano, la pelea por garantizar lo poco que se ha podido preservar en términos de libertad de expresión hoy cobra renovada vigencia, cuando tantas evidencias apuntan a que el principal riesgo que enfrenta esa libertad en la coyuntura actual viene del Estado, con su clara intención por construir un modelo comunicacional a la medida de su supuesto “socialismo” que no es más que la nueva cara de la dominación capitalista global en Venezuela. Sin duda hay que pecar de extrema ingenuidad para creer en personajes hoy vociferantes como Granier de RCTV o Ravell de Globovisión (por no mencionar los ahora silentes Armas Camero de Televén y Cisneros de Venevisión), pero las medidas que se toman contra tales personajes pronto se enfilarán hacia el resto de la disidencia en el país, incluso dentro de las filas gubernamentales.
No nos queda duda en que padecemos un régimen tan opuesto a toda crítica y disentimiento que incluso proclama como virtud reprimir cualquier manifestación de esa clase entre sus adeptos, ya que inmediatamente se descalifica la legitimidad de las reacciones de protesta frente a abusos de poder e incompetencia oficial, atribuyéndolas a pretendidas conspiraciones criminales (“la CIA”, “los paramilitares”, “la derecha golpista”, etc.), que tras bastidores dirigirían toda posible muestra de disentimiento en Venezuela. En este enfoque paranóico-stalinista, la simple exigencia de derechos ya se presenta como prueba indudable de los maléficos complots que amenazan al “proceso revolucionario” y como justificación para no atender e incluso reprimir a quienes hacen la exigencia. Ciertamente, solo desde el dogmatismo autoritario que caracteriza al gobierno venezolano se puede justificar la agresión a esos derechos en nombre de un absurdo “socialismo” que se jacta de joder a Granier, pero pacta con el Grupo Cisneros, le cede derechos de propiedad en el negocio petrolero a las transnacionales y apadrina a la flamante “boliburguesía”.
Ante tal panorama,
l@s anarquistas no podemos sino colocarnos firmemente en defensa tanto del ahora acorralado derecho de libre expresión como de todos los demás derechos sociales y políticos, indispensables para la existencia y florecimiento de los movimientos sociales autónomos de base. Poder comunicarnos, en el más pleno y humano sentido de esa palabra, es para
nosotr@s tanto un medio como fin en esa propuesta de sociedad de libres e iguales en solidaridad que nos esforzamos en promover. A su vez, denunciamos como se ha utilizado la actual coyuntura de confrontación para avanzar en la criminalización de la disidencia y la estructura de un ordenamiento jurídico digno de un Estado policial. De esta manera, el estatismo autoritario de izquierda viene avalando medidas (ilegalidad de los cierres de vía y quema de cauchos, por ejemplo) que en un corto plazo serán utilizadas contra los sectores populares que exijan reivindicaciones. También, señalamos la progresiva utilización de bandas armadas para enfrentar en la calle a los manifestantes, un paramilitarismo de nuevo cuño con lo cual el Estado venezolano copia las prácticas de sus socios comerciales: Álvaro Uribe y las multinacionales norteamericanas. Por último, señalamos la nítida relación entre el gobierno venezolano y sectores de la economía globalizada, como Gustavo Cisneros, en alianza que busca asegurar la precarización, subordinación y servilismo de todos y todas los oprimidos en nuestro país.
--- Cifras y hechos de la “democratización del espacio radioeléctrico” (que suelen callar el “socialismo bolivariano” y la “oposición democrática”)
º En 1999 la presencia del Estado venezolano en el espectro radioeléctrico se manifestaba solamente a través de una televisora (VTV) y dos frecuencias de la Radio Nacional. Hoy dispone control directo sobre 6 estaciones de televisión (VTV, TVES, Vive TV, Telesur, Ávila TV y ANTV), además de 2 circuitos radiales (Nacional y YVKE Mundial) con 8 emisoras. Súmese a esto último el recién adquirido control sobre CANTV, la mayor empresa proveedora de soporte para telecomunicaciones en el país.
º En el presupuesto total ordinario del Estado Venezolano para 2007, se espera destinar 165,3 millardos de Bs. (más de 77 millones de dólares) para el ámbito comunicacional, sin contar créditos adicionales.
º Según la empresa de mediciones AGB, entre febrero de 1999 y diciembre de 2006, el gobierno impuso la realización de 1339 transmisiones obligatorias a las radios y TV's no oficiales por un total de de 810 horas, 56 minutos y 42 segundos. Esto no incluye las horas de transmisión de Alo Presidente.
º El movimiento para establecer radios y TV's comunitarias, que hace 10 años daba pasos esperanzadores hacia un modelo de comunicación alternativa autónomo, se ha visto subyugado por el poder estatal a través del control económico, pues la mayoría de las 167 radioemisoras y 28 televisoras que hoy funcionan con la denominación de comunitarias viven por y para los subsidios que reciben del gobierno (según la Asamblea Nacional, en 2006 recibieron 5,7 millardos de Bs., algo más de 2.650.000 dólares), de manera que han tendido a convertirse en voceros oficiales y a repetir los vicios comunicacionales que dicen cuestionar.
º Según la vocero oficialista Mari Pili Hernández, el hipotético volumen de negocios de RCTV para 2007 hubiera sido de 420 millardos de Bs. (más de 195 millones de dólares). La promesa de semejante golosina, junto al temor de enfrentar el revanchismo chavista, explica lo sucedido con las restantes televisoras privadas (excepto el canal de noticias Globovisión, feroz oposicionista), donde por ejemplo: según informe de observadores de la Unión Europea sobre distribución del tiempo de televisión referido a la campaña electoral presidencial de 2006, Venevisión dio 84% al oficialismo y 16% a la oposición, mientras que en Televen las cifras respectivas fueron 68% y 32%; La Tele -canal 12- despidieron a la periodista Marietta Santana por criticar públicamente el cese de RCTV, y la periodista Ana María Hernández renunció luego que se le prohibió denunciar irregularidades en la estatal petrolera PDVSA; mientras que el canal musical Puma TV había sido comprado en 2004 por Wilmer Ruperti, notorio “boliburgués”, quien se propone convertirlo en canal de noticias (el anunciado Canal i).
º Por más de 30 años, RCTV (del grupo empresarial 1BC o Phelps) y Venevisión (del grupo Cisneros) formaron el duopolio que impuso sus malas mañas y peores hábitos en la televisión del país. Ese acuerdo tenía un carácter más económico que político, y en varias ocasiones estuvieron enfrentados entre sí y con el gobierno de turno. No se compara con el monopolio económico y político en manos de militares e intereses únicos como al que nos encaminamos ahora. Después del Referéndum Presidencial de 2004, el pacto se rompió cuando el grupo Cisneros decidió que lo más conveniente a la salud de sus negocios era hacer las paces con el gobierno, lo que se santificó en una reunión celebrada en el principal cuartel de Caracas entre Chávez y Gustavo Cisneros, con Jimmy Carter como mediador de oropel. A partir de allí comenzó una luna de miel del “socialismo del Siglo XXI” con este gang empresarial, en donde el anillo de compromiso adquirió la forma de la renovación de la concesión televisiva a Venevisión por otros 20 años, que comenzaron a contar el mismo día del cese de la señal de RCTV. Por supuesto, para incomodar a cualquier chavista basta con recordarle lo que hasta hace poco su bando alegaba contra Venevisión y los Cisneros, o preguntarle por las diferencias cualitativas entre ambas televisoras que justifican cerrar una y premiar a la otra.
º La sistemática aplicación de una política represiva contra las expresiones comunicacionales disidentes no se ha quedado únicamente en el tema de las concesiones para emitir señales de TV. También está el chantaje a través del SENIAT con el cobro de reales o supuestas acreencias fiscales; la criminalización de la crítica por vía de los repetidos juicios a periodistas y a medios poco gratos al gobierno; y la aplicación arbitraria de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, que al no estar reglamentada es utilizada discrecionalmente por CONATEL -organismo a cargo- como una arma contra cualquier periodista, programa o emisora para que modifique su línea de opinión.
Colectivo Editor de El Libertario www.nodo50.org/ellibertario // ellibertario@nodo50.org // ellibertario@hotmail.com
Ningún Subsidio, Ningún compromiso con el poder.
