El jueves 24 de enero cinco ciudadanos fueron ejecutados en el barrio Primero de Mayo de Quibor, municipio Jiménez del estado Lara; testimonios de familiares que presenciaron el hecho aseguran que al menos diez funcionarios, entre los que se encontraban policías de la Comisaría 50 de esa localidad, entraron al patio de su hogar sin mostrar orden de allanamiento, colocaron a los cinco hombres contra la pared, los encerraron posteriormente en la habitación aledaña, donde ejecutaron a dos de ellos, los otros tres fueron sacados a empujones nuevamente hasta el patio de la vivienda con los ojos vendados y las manos atadas, los dispersaron y les dispararon una lluvia de balas hasta que cayeron abatidos.Numerosas personas, incluidos periodistas, que acudimos al lugar posteriormente, pudimos constatar cómo el baño de sangre que teñía diferentes puntos del solar daba cuenta de la masacre allí perpetrada.
Tres días se tomó el nuevo comandante de las FAPL, Coronel Octavio Chacón, para ofrecer “la versión oficial” en una rueda de prensa junto con su Estado Mayor; explicó que las víctimas eran azotes de barrio, responsables de varios atracos y homicidios registrados en Quibor y otros pueblos vecinos del estado Lara. Versión desmentida por los familiares, quienes además manifestaron su temor ante las amenazas recibidas, temores que aun persisten pues el acoso y hostigamiento policial no cesa contra ellos, poniendo en peligro sus vidas.
La población del estado Lara no acabada de asimilar este terror cuando el lunes 04 de febrero, en un procedimiento similar, otros cuatro jóvenes fueron ejecutados por funcionario policiales en el barrio Loma de León en Barquisimeto, al igual que en el procedimiento utilizado en la masacre de Quibor, según el reporte periodístico, los jóvenes se encontraban dentro de una vivienda.
Dos días después el comandante aparece nuevamente en rueda de prensa, para informar que los jóvenes abatidos pertenecían a una banda de atracadores, versión igualmente desmentida públicamente por familiares y vecinos de las víctimas.
El saldo: 09 jóvenes asesinados con edades comprendidas entre los 19 y 25 años.
Reporte policial: 9 Muertos en “enfrentamientos”, ningún funcionario herido ni fallecido.
Testimonios de familiares y testigos: Fueron acribillados, fue una masacre.
Mas allá del horror que esto implica, es necesario resaltar que en Venezuela la pena de muerte fue legislativamente abolida desde el año 1863, sin embargo estos hechos demuestran cómo la pena de muerte se aplica DE HECHO contra los pobres, y son las policías y militares del Estado los encargados de ejecutarla.
Asimismo vemos cómo se validan estos hechos creando una matriz de opinión que naturaliza las ejecuciones y admite el asesinato de ciudadanos, con el socorrido argumento de que el asesinado tenía “antecedentes o era solicitado”. Lo peor de esta propaganda oficial, repetida cada vez que las policías ejecutan a ciudadanos, es que entre la población se avalan estos procedimientos policiales porque “la víctima tenia antecedentes”.
Lo evidente y que el pueblo pareciera no preguntarse es: ¿Por qué cuando se detiene o investiga a un corrupto o a un policía delincuente éste nunca es ajusticiado ni muere en “enfrentamiento”? la respuesta a la pregunta es el claro contenido de clase de estos asesinatos: Si el asesinado es un pendejo con antecedentes se justifica el crimen, pero si el criminal es un hijito de papá, un policía o militar al servicio del Estado o un político corrupto, les son garantizados todos sus derechos: generalmente son juzgados en libertad, otorgándoseles todo tipo de beneficios procesales para que continúen delinquiendo con total impunidad .
Esta política criminal evidencia que este Estado “democrático”, si protege los DDHH, pero los de los ricos, explotadores y sus servidores, mientras que para la inmensa mayoría del pueblo la respuestas siempre es: asesinatos, masacres y Uribana. En pocas palabras aquí la pena de muerte en los barrios está decretada y lo peor de todo es que cualquier sátrapa, policía y/o delincuente, es el encargado de disponer a quién matar y a quién perdonar.
Lo cierto es que cada día es más difícil de ocultar la creciente participación de funcionarios policiales en acciones delictivas en complicidad con delincuentes y bandas de secuestro, extorsión y escuadrones para-policiales. De esta manera se cierra, sin investigación ni “debido proceso” el círculo criminal de la impunidad policial: El policía delincuente asesina a su cómplice, se queda con el botín y ante la sociedad el caso queda “resuelto”. Por ejemplo con la masacre de Quibor quedaron policialmente resueltos tres casos de asesinatos.
Además, al “legitimar” la pena de muerte con el eufemismo del “enfrentamiento” y “ajuste de cuenta”, los cuerpos policiales pueden resolver delitos en los cuales ellos mismos son cómplices y colaboradores activos.
Si revisamos los hechos que preceden a la masacre de Quibor, encontraremos un mensaje muy claro en relación a la respuesta organizada del Estado, contra la “inseguridad” y contra los ciudadanos que se atreven a protestar en las calles:
Recuérdese que desde el año pasado se venían desarrollando fuertes protestas contra la inseguridad que convocaban cada vez más a un mayor número de manifestantes, el mes pasado la policía de Lara y la GN reprimieron una manifestación y tomaron policialmente la televisora local y una radio FM.
Finalmente el día 23 de enero, las autoridades regionales y municipales accedieron a reunirse con los habitantes de Quibor para discutir propuestas. ¿Cuál fue el resultado de la reunión?:
1. El alcalde Luis Plaza firmó un decreto de emergencia, autorizándosele 100.000 Bs.F (100 millones de bolívares) para dotar de nuevos equipos a la policía de la región.
2. Creación de una sede de la Guardia Nacional y de una división del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).
En esa reunión los propios habitantes demandaron la instalación de nuevos organismos como el CICPC, la GN y la Oficina Municipal Antidroga (OMA), con la esperanza de que ello ayudara a disminuir el índice delictivo en el municipio. El gobierno respondió al día siguiente con una masacre.
De esta manera el Estado resuelve con la violencia policial el problema de la violencia social. Se combate un incendio con gasolina
Mientras este ciclo interminable sigue su curso, paralelamente va arraigándose una matriz de opinión que justifica la utilización de métodos extrajudiciales como la manera más efectiva de combatir la delincuencia, aunque en este accionar paguen invariablemente los jóvenes de nuestros barrios pobres
Pero siempre será necesario repetir que el hecho de que un ciudadano sea delincuente (si es que lo fuere) y además viva en un barrio no AUTORIZA A NINGÚN GOBIERNO, NI ESTADO a utilizar métodos extrajudiciales para combatir los males sociales, que dicho sea de paso son producto de las condiciones materiales de existencia que padecen la inmensa mayoría privada de las mas elementales condiciones para vivir dignamente, pues son las condiciones sociales producto de un sistema explotador y desigual las que con su miseria, pobreza, incultura y violencia generan la inseguridad y la delincuencia.
Así, pretendiendo obviar la raíz del problema, nos encontramos por un lado con policías asesinando a ciudadanos, en los barrios o en las cárceles, mientras permanecen intactas las bases sociales que engendran la delincuencia; y por otro a una población que busca la respuesta a sus problemas en las Instituciones del Estado, cuyo objeto es precisamente perpetuar, por encima de lo que sea, este orden social grotesco e invertido.
La práctica cada vez más descarada de los ajusticiamientos y del uso indiscriminado de la violencia del Estado es la prueba definitiva de la hipocresía de toda la institucionalidad mal llamada democrática, y el desenmascaramiento de su sistema de administración de justicia, que necesita sojuzgar continuamente los derechos fundamentales de la mayoría para mantener sometida a la población y conservar sus privilegios.
El mal llamado problema de la inseguridad, que no es otro que el problema de la VIOLENCIA DEL ESTADO, persigue objetivos muy claros , la gente de nuestros barrios sobrevive entre el terror que imponen la delincuencia y la policía, aun así una gran mayoría sigue creyendo que con mas presencia policial se resolverá el problema de la delincuencia y la inseguridad.
La solución al problema de la violencia no puede buscarse jamás en la institucionalidad y sus funcionarios, la solución está EN LOS BARRIOS, en la capacidad que tengan sus habitantes de organizarse solidariamente para protegerse en un accionar colectivo, sin esperar que sus familiares sean asesinados para entender la magnitud del drama que viven miles de familias de este país, que además de cargar su luto a cuestas sufren el silencio de sus mismos vecinos, hasta el día que el terror también toque sus puertas.
Desde el Comité de Victimas Contra la Impunidad y la Red Nacional de Comités de Victimas, continuaremos haciendo el llamado a las victimas a unirse y organizarse, a no sucumbir ante el olvido y la impotencia. Expresamos nuestra solidaridad con las familias de estos nueve jóvenes ajusticiados, exigimos una vez más protección y garantías para los testigos y llamamos a las organizaciones de DDHH a pronunciarse en torno a estas dos masacres, cuya denuncia - por cumplir el requisito- ya hemos consignado ante la FGRBV, junto con los otros casos del CVCI.
¡¡Sólo con la unión combativa de las victimas podremos alcanzar nuestras reivindicaciones!!
¡¡Guardar silencio ante el atropello y la impunidad es actuar a su favor!!
Comité de Víctimas contra la Impunidad-Lara
Febrero 2008
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